El caso Cifuentes abre el debate sobre la gestión de la universidad

El escándalo del Máster de Cifuentes, para bien o para mal, ha puesto a la Universidad en el centro del debate político y mediático. Esto ha permitido levantar las alfombras y ver las redes corruptas y clientelares que se dan  tanto en la universidad como fuera de ella. Sin embargo, existe un debate político respecto a cuáles son las causas de este problema y, en consecuencia, como evitar que se repitan en el futuro.

En primer lugar, está la postura que podríamos llamar conservadora, que viene a decir que nos encontramos ante un caso aislado, que no es en absoluto generalizable a la Universidad en su conjunto. Parte principalmente del perfil institucional de las Universidades Públicas y, aunque pueda parecernos poco profundo, tiene la intención de proteger la imagen de las Universidades Públicas de una posible campaña de desprestigio por parte de la prensa liberal y reaccionaria.

En segundo lugar, estaría una postura liberal oportunista, que atribuye la formación de estas redes corruptas a la endogamia y a la falta de control de las Universidades. Por ello, se centra en crear un “poder externo” que sea capaz de controlar a la universidad, retomando posturas ampliamente rechazadas por la comunidad universitaria como reforzar los Consejos Sociales, los cargos unipersonales y la financiación condicionada.

Este discurso ve la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio.Parece olvidar que los Consejos Sociales y los órganos externos no suelen ser realmente independientes, sino profundamente ligados a intereses políticos y económicos y juegan un importante papel dentro de la corrupción universitaria. A modo de ejemplo, varios de los implicados en el caso de las tarjetas black eran miembros de consejos sociales y la propia Cifuentes fue miembro del Consejo Social de la UC3M. Otro ejemplo es la Fundación Madri+d, que con la LEMES se encargaría de supervisar a las universidades madrileñas y acreditar a los profesores visitantes. Esta fundación presenta un funcionamiento tremendamente opaco y es presidida actualmente por Jesús Sánchez Martos, ex-consejero de Sanidad de Cifuentes.

Por último, estaría la postura comunitaria defendida por la mayoría de estudiantes que salieron a protestar contra este escándalo bajo el lema “No es Cifuentes, es el Sistema”. Desde este punto de vista, la raíz del problema se encontraría en la gestión no democrática de la universidad, que fomenta el clientelismo, la economía de favores y el corporativismo de diferentes estratos de la comunidad universitaria. La solución, por lo tanto, no estaría en buscar una autoridad externa, teóricamente imparcial, sino en dar a comunidad universitaria la capacidad de gestionarse de forma realmente democrática y con recursos suficientes como para no deber favores a nadie.

No hay que olvidar que realmente fue esta última quien mas se interesó en limpiar de corrupción la universidad, señalando y pidiendo la dimisión de los cargos de la URJC implicados en este caso. Esta batalla no está completa, ya que la mayoría de estos cargos siguen controlando esta universidad.

De hecho, ni siquiera la propia Cifuentes dimitió por este asunto, sino por un ajuste de cuentas dentro del PP usando el video de un hurto, un “delito de pobres” sin ninguna connotación política. Este final de su carrera permite al PP deshacerse de un “activo tóxico” y personalizar el problema en Cifuentes sin asumir como partido ninguna responsabilidad política por estas prácticas.

Sin duda se ha abierto una brecha en el status quo universitario. Está en nuestras manos que aprovecharla para exigir una transparencia y una participación real de la Comunidad Universitaria que permita evitar que estas prácticas continúen o en dejar que las mismas jerarquías que han puesto la Universidad a su servicio, quienes aprovechen este caso para reforzar su control sobre la Universidad.

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